El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 le impuso 23 años y 4 meses de prisión a Tobías Godoy por “homicidio en ocasión de robo”. El caso generó fuerte conmoción y reabrió el debate sobre la edad de imputabilidad.
El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de La Plata condenó a 23 años y cuatro meses de prisión a Tobías Godoy, el joven que fue hallado culpable por el homicidio de Kim Gómez, la nena de 7 años asesinada en febrero de 2025 durante un robo.
El fallo coincidió con el pedido de la fiscal Mercedes Catani, quien lo imputó por “homicidio en ocasión de robo”, agravado por haber sido cometido “en poblado y en banda”. Al momento del hecho, el acusado tenía 17 años.
Una de las penas más altas del fuero juvenil
Los jueces Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Mercenaro consideraron probada su responsabilidad y aplicaron una de las condenas más severas dentro del régimen penal juvenil.
En contraste, la defensora oficial Raquel Ponzinibio había solicitado una pena de siete años, al sostener que se trató de un homicidio culposo, sin intención de matar.
Un crimen que conmocionó al país
El hecho ocurrió el 25 de febrero de 2025 en el barrio Altos de San Lorenzo, cuando dos adolescentes asaltaron a la madre de la niña mientras estaba detenida en un semáforo. Tras obligarla a bajar del auto, escaparon con el vehículo sin advertir —o sin importarles— que la menor seguía en el interior.
Durante la fuga, Kim quedó enganchada y fue arrastrada durante varias cuadras hasta que los delincuentes chocaron. La autopsia determinó que murió a causa de un shock hipovolémico producto de las graves lesiones sufridas.
El otro implicado, que tenía 14 años al momento del hecho, fue declarado inimputable y permanece bajo custodia en un instituto de menores.
Repercusiones y debate
El caso provocó una profunda conmoción social y reabrió la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad en Argentina. Durante el juicio, el padre de la víctima, Marcos Gómez, aseguró que el proceso marcó “un antes y un después” y reclamó mayor responsabilidad social y familiar.
La sentencia cierra una etapa judicial clave, aunque el caso sigue teniendo impacto en el debate público sobre seguridad y justicia juvenil.
