Un productor rural aseguró que faltaban 33 animales en un campo de Juan E. Barra. Tras una investigación, la Policía concluyó que no hubo delito y detectó irregularidades administrativas.
La denuncia por el supuesto faltante de hacienda en un establecimiento rural de González Chávez dio un giro inesperado luego de que la Policía determinara que no existió ningún robo y que las diferencias surgieron por inconsistencias en el conteo y documentación ganadera.
El caso se inició el pasado 12 de mayo, cuando M. N., administrador del establecimiento “La Concordia Agropecuaria S.R.L.”, denunció la presunta desaparición de 33 bovinos tras comparar el stock del año 2025 con el relevamiento realizado este año.
Según indicó, en el campo ubicado en el Cuartel XV de Juan E. Barra faltaban 11 vacas, 14 vaquillonas y 8 terneros/as. Sin embargo, desde un primer momento no se hallaron señales de robo, daños en alambrados, huellas ni restos de faena clandestina.
A partir de la denuncia, personal del Comando de Prevención Rural de Adolfo Gonzales Chaves realizó un nuevo encierre y recuento general de la hacienda, además de inspecciones y relevamientos en la zona.
El operativo permitió contabilizar 1.326 animales y otros 145 terneros al pie de sus madres que no habían sido incluidos en la denuncia inicial. Además, organismos como SENASA y FUSAV confirmaron cifras coincidentes con el stock relevado por la Policía.
Durante la investigación también se detectó que el denunciante había realizado movimientos y ventas de hacienda por más de 100 animales, datos que no habían sido contemplados al momento de efectuar la presentación judicial.
Los empleados del establecimiento, incluso, aseguraron que nunca observaron faltantes y cuestionaron la metodología utilizada por N. para realizar el conteo, que habría sido efectuado con drones y sin encierre previo de los animales.
Finalmente, los investigadores concluyeron que no existió delito y que las diferencias obedecían a irregularidades administrativas y errores en la actualización del stock ganadero.
Ahora, la Fiscalía analiza una posible imputación por falsa denuncia y evalúa exigir una indemnización a la firma rural por los costos del operativo desplegado.
