La ley fue sancionada con 42 votos a favor y 28 en contra tras cuatro horas de debate. La oposición denunció retrocesos en derechos laborales y anticipó mayor conflictividad judicial y sindical.
El Senado convirtió en ley la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, en una votación que expuso la fuerte polarización política y dejó abiertas incógnitas sobre su impacto social y económico. La iniciativa obtuvo 42 votos afirmativos, 28 negativos y dos abstenciones, luego de que la Cámara alta aceptara las modificaciones introducidas por Diputados, entre ellas la eliminación del artículo que recortaba licencias médicas.
El oficialismo de La Libertad Avanza logró el respaldo de sectores dialoguistas como la UCR, el PRO y bloques provinciales. Sin embargo, durante el debate, legisladores del peronismo y otros espacios opositores advirtieron que la norma implica un retroceso en materia de derechos laborales y podría generar más litigiosidad en los tribunales.
Puntos sensibles de la reforma
Entre los cambios más controvertidos figuran la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos —que deja sin efecto automático los acuerdos vencidos—, la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para cubrir indemnizaciones con aportes empresariales y la posibilidad de fraccionar vacaciones.
También se estableció un nuevo esquema para el cálculo de indemnizaciones por despido, que excluye conceptos como el aguinaldo y fija topes, además de habilitar el pago en cuotas en determinados casos.
Otro punto cuestionado es la ampliación de las actividades consideradas esenciales, lo que obligará a garantizar un 75% de funcionamiento en caso de huelga. A su vez, se impone que las asambleas en los lugares de trabajo cuenten con autorización previa del empleador, una disposición que generó fuertes críticas por parte de la oposición.
La ley incorpora además la figura del trabajador de plataformas como “independiente”, lo que excluye ese vínculo de la relación laboral tradicional, y establece un régimen de blanqueo con reducción de deudas y cargas patronales para quienes regularicen empleados no registrados.
Un debate cargado de acusaciones
Durante la sesión, el jefe del interbloque peronista, José Mayans, calificó la norma como un “retroceso” y advirtió que la reforma “va a terminar mal”. En la misma línea, otros senadores opositores señalaron que el texto vulnera principios constitucionales vinculados a la progresividad de los derechos laborales.
Desde el oficialismo, en cambio, defendieron la iniciativa como una herramienta para combatir la informalidad y promover el empleo privado formal, en un contexto donde el mercado laboral arrastra estancamiento desde hace más de una década.
La votación cerró el período de sesiones extraordinarias con un triunfo legislativo para el Gobierno, aunque el clima de confrontación dejó en evidencia que la discusión sobre el modelo laboral argentino está lejos de saldarse y podría trasladarse ahora a la Justicia y a las calles.
