Representantes de damnificados en Nueva York mantuvieron contactos con la comisión investigadora del Congreso y analizan abrir una querella criminal. Un documento sugiere pagos millonarios por la promoción de la criptomoneda.
Abogados de Estados Unidos que representan a inversores afectados por la criptomoneda $Libra iniciaron contactos con diputados argentinos de la comisión investigadora del caso para avanzar en una posible causa penal contra el presidente Javier Milei.
Según trascendió, el intercambio se dio en el marco de una reunión virtual de carácter reservado con integrantes de la denominada Comisión $Libra de la Cámara de Diputados, donde los letrados anticiparon que evalúan impulsar una investigación criminal en tribunales de Nueva York.
Los abogados, que ya intervienen en una demanda civil colectiva en Estados Unidos, solicitaron a los legisladores argentinos el envío de copias certificadas de las pruebas y conclusiones que surjan del trabajo parlamentario. La comisión está presidida por el diputado Maximiliano Ferraro.
Entre los elementos requeridos figuran registros de comunicaciones entre el mandatario y el empresario cripto Mauricio Novelli, que habrían tenido lugar antes y después del lanzamiento de $Libra en febrero de 2025.
Uno de los puntos bajo análisis es si, en esos intercambios, se compartió el código utilizado para promocionar la criptomoneda en redes sociales. La causa también se vio sacudida por la aparición de un documento que indicaría un supuesto acuerdo económico por unos cinco millones de dólares para impulsar el activo digital.
En paralelo, la Justicia estadounidense ya tramita una demanda colectiva presentada por inversores perjudicados, que busca un resarcimiento económico tras el colapso del proyecto.
Desde el Congreso, algunos diputados confirmaron el contacto con los abogados, mientras que otros señalaron no estar al tanto. En cualquier caso, fuentes legislativas indicaron que en los próximos días se analizarán los pasos a seguir y el alcance de la colaboración internacional.
El caso suma así un nuevo capítulo con posible impacto judicial fuera del país, en un escenario que podría escalar tanto en el plano político como en el legal.
