Conflicto en el INTA: una investigadora enfrenta un pedido de exoneración por un proyecto que investiga agrotóxicos
Virginia Aparicio, ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias e investigadora del CONICET y del INTA, enfrenta un sumario administrativo que, según su abogado, propone su exoneración. El expediente está relacionado con su participación como coordinadora argentina del proyecto internacional SPRINT, que estudió la presencia de plaguicidas en el ambiente, alimentos, animales y personas.
Virginia Aparicio lleva más de dos décadas trabajando en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce del INTA. Ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias e investigadora del CONICET, desarrolló buena parte de su carrera científica en el estudio de los procesos vinculados con los plaguicidas y su presencia en distintas matrices ambientales.
Ahora, su continuidad dentro del organismo quedó en el centro de una disputa administrativa. Según informó su abogado, Mario Bolla, Aparicio enfrenta un sumario administrativo cuyo expediente propone su exoneración, la sanción más grave dentro del régimen disciplinario del empleo público nacional. De concretarse, implicaría la pérdida del cargo y la imposibilidad de volver a ingresar a organismos de la Administración Pública Nacional.
El caso está relacionado con su participación como coordinadora argentina del Proyecto SPRINT, una investigación internacional lanzada en 2020 y financiada por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea.
El proyecto reunió a instituciones de 10 países europeos, el INTA y la FAO y tuvo como objetivo estudiar la presencia y distribución de plaguicidas y evaluar sus posibles riesgos dentro de un enfoque de “salud global”. La propia Aparicio presentó el proyecto desde el INTA en 2020.
¿QUÉ INVESTIGÓ APARICIO?
El trabajo incluyó el análisis de diferentes matrices ambientales y biológicas. En Argentina, el equipo realizó mediciones sobre personas, animales, alimentos y ambiente. En uno de los estudios, se analizaron 208 plaguicidas en muestras biológicas y en una pulsera utilizada durante siete días por una participante. El informe aclaraba que esa etapa buscaba identificar qué sustancias estaban presentes y sus concentraciones, sin realizar todavía una interpretación sobre los efectos de las combinaciones detectadas.
Aparicio ya tenía una trayectoria previa en esta área. Desde el INTA había participado en publicaciones sobre el destino de los plaguicidas en el suelo y su comportamiento ambiental. En una entrevista institucional de CONICET explicó que su trabajo estaba orientado a estudiar la retención y degradación de plaguicidas y aportar información para mejorar las decisiones de manejo agronómico.
EL ANTECEDENTE DE 2023
El conflicto tiene además un antecedente importante. En junio de 2023, el INTA suspendió una reunión en la que estaba previsto presentar resultados argentinos del proyecto SPRINT. Una nota oficial del organismo dirigida a Aparicio señaló que la reunión quedaba suspendida mientras se analizaban procedimientos vinculados con estudios que involucraban a personas.
La documentación también deja constancia de que el INTA había participado institucionalmente del proyecto y que Aparicio era una de las responsables argentinas.
La APDH sostuvo en un comunicado reciente que en ese momento el organismo había prohibido la difusión de resultados correspondientes a mediciones realizadas sobre 73 habitantes del sudeste bonaerense. Esa organización manifestó su preocupación por la eventual exoneración de la científica.
En paralelo, en 2023 la Cámara de Diputados recibió un proyecto de resolución que solicitaba al Poder Ejecutivo información sobre la suspensión de la difusión de los resultados de SPRINT y sobre las razones por las cuales se había interrumpido su comunicación pública.
EL SUMARIO Y LA POSIBLE EXONERACIÓN
Según las declaraciones de Aparicio y de su abogado difundidas en los últimos días, el sumario comenzó a tomar forma a partir de cuestionamientos sobre su participación en SPRINT.
La investigadora sostuvo que el proyecto había atravesado las instancias institucionales del INTA y que el organismo había participado originalmente de la iniciativa.
Desde el entorno de Aparicio interpretan el proceso como una forma de disciplinamiento hacia una científica que investigó los efectos y la presencia de plaguicidas. Esa caracterización corresponde a la investigadora, su defensa y organizaciones que expresaron respaldo; no constituye una conclusión establecida judicialmente.
En los últimos días, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Red de Acción en Plaguicidas (RAP-AL) se pronunciaron públicamente contra la posibilidad de su exoneración.
Por el momento, el expediente continúa en el ámbito administrativo y la eventual sanción todavía no constituye una exoneración efectiva.
UNA DISCUSIÓN SOBRE LA INVESTIGACIÓN PÚBLICA
El caso abrió nuevamente el debate sobre el lugar de la investigación científica pública y sobre qué ocurre cuando los resultados de un trabajo pueden generar controversias alrededor de determinados modelos productivos.
El propio INTA había publicado en 2020 la presentación del proyecto SPRINT y señalaba que su objetivo era evaluar los riesgos de los plaguicidas sobre la salud humana y ambiental. Ahora, organizaciones científicas, ambientales y de derechos humanos reclaman que se garantice la continuidad de la investigación y que no se avance con la exoneración de Aparicio.
El expediente administrativo será el que determine finalmente si existe una infracción disciplinaria y qué sanción corresponde.
