La protesta será este jueves en la bajada de 120 y 32. Exigen la continuidad del programa, un aumento del salario social complementario y cuestionan la apelación del Gobierno al fallo judicial que restituyó los pagos.
Organizaciones sociales volverán a movilizarse este jueves en La Plata con un corte en la bajada de la Autopista La Plata-Buenos Aires, a la altura de 120 y 32, en el marco de una jornada nacional de protesta impulsada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).
La manifestación tendrá como eje principal el reclamo por la continuidad del programa Potenciar Trabajo y el aumento del salario social complementario, en medio de la incertidumbre generada tras el anuncio del Gobierno nacional de eliminar el beneficio.
Aunque un fallo judicial revirtió esa decisión y permitió que este miércoles los beneficiarios cobraran nuevamente los $78.000 correspondientes, desde las organizaciones sociales advirtieron que la situación “sigue siendo inestable”.
Referentes de UTEP Evita La Plata señalaron que el Ejecutivo nacional había manifestado inicialmente que acataría la resolución judicial, pero luego decidió apelarla, lo que genera dudas sobre la continuidad efectiva del programa.
En ese contexto, remarcaron que el reclamo no se limita únicamente a garantizar el pago del beneficio, sino también a actualizar el monto. Según indicaron, los $78.000 “resultan insuficientes” frente al costo de vida actual y las necesidades básicas de muchas familias.
Desde los movimientos sociales también pusieron el foco en el trabajo que realizan en los barrios populares, especialmente en comedores y merenderos, y sostuvieron que muchas de esas tareas deberían ser asumidas directamente por el Estado.
La jornada de protesta incluirá movilizaciones y asambleas en distintos puntos del país y podría generar complicaciones en el tránsito durante gran parte del día en uno de los principales accesos a la ciudad.
Además, desde el sector valoraron el reciente fallo judicial que restituyó el pago del programa y lo consideraron un avance en la defensa de los derechos de los trabajadores de la economía popular, aunque aseguraron que “el conflicto sigue abierto”.
