La prohibición, que no registra antecedentes desde el regreso de la democracia, fue justificada por “seguridad nacional”, pero generó un amplio rechazo político y denuncias de ataque a la libertad de prensa.
En una decisión que ya es calificada como un hecho sin precedentes en la historia reciente, el Gobierno nacional restringió el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada y desató un fuerte escándalo político y mediático. La medida, que impactó de manera directa en trabajadores de prensa de distintos medios, encendió alarmas por su carácter inédito y por el contexto en el que se produce.
Durante la mañana del jueves, periodistas constataron que sus huellas digitales habían sido inhabilitadas en los accesos a la sede gubernamental, lo que les impidió ingresar a cumplir con sus tareas habituales. Según fuentes oficiales, la decisión fue tomada de manera “preventiva” tras una denuncia por presunto espionaje vinculada a la difusión de imágenes internas, y fue impulsada por el área de comunicación que encabeza Javier Lanari.
Desde el Ejecutivo insistieron en que la medida responde a razones de “seguridad nacional”. Sin embargo, el argumento no logró contener la ola de críticas que rápidamente escaló tanto en el ámbito político como en el periodístico, donde se interpretó la decisión como una restricción directa al acceso a la información pública.
La diputada y periodista Marcela Pagano fue una de las primeras en reaccionar y calificó el hecho como “inédito desde el retorno de la democracia”. Además, anunció la presentación de una denuncia penal contra el Presidente y advirtió que “la Casa Rosada no es propiedad privada”.
Las críticas también llegaron desde distintos sectores ideológicos. El gobernador bonaerense Axel Kicillof consideró la medida como “gravísima” y cuestionó su compatibilidad con los principios de libertad que promueve el oficialismo. En la misma línea, el exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta comparó la decisión con prácticas de países donde la prensa enfrenta restricciones, lo que profundizó el tono del debate.
Incluso periodistas de trayectoria como Pablo Rossi y Eduardo Feinmann expresaron su rechazo, subrayando que el derecho a informar es un principio constitucional y advirtiendo sobre los riesgos de avanzar en limitaciones de este tipo.
El episodio abrió un nuevo frente de conflicto para el Gobierno y dejó planteado un interrogante central: hasta dónde puede llegar una medida de seguridad sin afectar derechos fundamentales. Mientras tanto, el acceso a la información en la sede del poder ejecutivo quedó en el centro de una polémica que, por su carácter inédito, promete seguir escalando en los próximos días.
